¿Porqué el Ayuntamiento de La Bañeza no se persona o se adhiere a la denuncia contra el CTR?.
Desde Podemos La Bañeza queremos denunciar este delito ecológico. Los bañezanos y comarcanos también estamos afectados por el descontrol medioambiental que está suponiendo el traslado de las balas de basura, sin tratar ni separar, de la finca El Busto de Santa María del Páramo.
El traslado y almacenamiento de las balas se está haciendo de forma irregular y puede suponer un desastre ecológico, además de un peligro para la salud pública, especialmente para los ciudadanos que vivimos aguas abajo. Las filtraciones y el desborde de los vasos de almacenamiento puede suponer la contaminación de las capas freáticas y por tanto de las aguas que se utilizan para el riego las comarcas de Maragatería, Cepeda, Ribera, Órbigo y Páramo, así como los ríos que suministran el agua a las localidades de estas comarcas.
Se ha olvidado la función que debe tener un Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) que con la recepción de los fardos se está convirtiendo en un gran estercolero. Los residuos, 500.000 toneladas, que se almacenaron en forma de balas o bolsas de plástico en la finca de El Busto, no fueron en su día tratados ni separados sus elementos incumpliendo la normativa medioambiental, y ahora la manifiesta ilegalidad de los fardos se quiere resolver transportándolos y almacenándolos, sin el obligatorio tratamiento, ni realizando las tareas de separación de los residuos.
El Contencioso número 3 de León da validez al recurso contra el polémico acuerdo del consorcio Gersul, que los once ayuntamientos consideran irregular y con riesgo para la salud y el medio ambiente del área de influencia.
El Juzgado de lo Contencioso número 3 de León ha admitido a trámite, dando así validez, al recurso judicial interpuesto por los once ayuntamientos que forman parte de las mancomunidades del Órbigo y la Cepeda contra el traslado de las 500.000 toneladas de basuras procedentes de Santa María del Páramo para su depósito sin tratamiento previo alguno en el vertedero provincial de San Román de la Vega.
El magistrado otorga así validez al intento judicial de las dos mancomunidades de demostrar las irregularidades y los riesgos para la salud de los habitantes y el medio ambiente del área de influencia del centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial.
En concreto, el acto impugnado por estos municipios se refiere a la aprobación del acuerdo de la asamblea del consorcio provincial de residuos Gersul con la UTE Legio VII por el cual el pasado 29 de julio se daba el visto bueno a una decisión que los afectados siguen considerando “irracional, presuntamente ilegal y peligroso por muchos motivos”.
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Proceso “descontrolado”
Lo que lamenta este frente municipal es que este impulso judicial llegue después de que, en otro procedimiento, el Juzgado haya levantado la paralización cautelar inicialmente impuesta al “descontrolado” envío de basuras “potencialmente contaminantes”, insiste su portavoz, Joaquín Llamas.
Los municipios de Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo, apoyados por los ayuntamientos de Astorga y Carrizo de la Ribera, argumentaron en el recurso ahora admitido que el vertido “incumple la normativa medioambiental”, así como la autorización ambiental otorgada por la Junta (competente en esta materia) en 2007, porque prohíbe el vertido en el CTR sin separación y tratamiento previo.
También se atestiguaba ante el juez que “la basura se acumula a cota muy superior a la que se recoge en los planos” de la planta; que “se están vertiendo y colmatando rechazos fuera del vaso”; o que “la introducción de las balas de basura se hace sin control alguno: no se pesan los camiones a la recepción, por lo que nunca se sabrán las toneladas exactas que se han depositado”.
El acuerdo ahora recurrido por vía judicial también ha sido objeto de alegación ante el propio Gersul, que aún no se ha pronunciado, por lo que los ayuntamientos consideran que la ordenanza que escondía una autorización expresa del vertido en el CTR no está en vigor, otro motivo por el que se podría estar incurriendo en una presunta ilegalidad.
Noticia de AstorgaRedAcción
