La prensa saca a la luz la existencia de sedes secretas en el extranjero (Panamá, Miami…) y los gastos superfluos, duplicados y desorbitados de la Junta de Castilla y León.
Esta tierra merece un Gobierno decente.
La Junta de Castilla y León dejó su oficina comercial en Panamá en manos de una sociedad constituida por testaferros
- En 2009, Ade Internacional Excal, el organismo de internacionalización del Gobierno regional, firmó un contrato con Arranz Acinas Consultores SA
- En él solo figuran ciudadanos panameños que en algunos casos aparecen en un millar de empresas más en el país
La Junta de Castilla y León dejó en manos de una sociedad panameña constituida por testaferros su oficina comercial secreta en Panamá, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es. El 1 de abril de 2009, dos representantes de Ade Internacional Excal, el organismo de la Junta para la internacionalización, firmaron un acuerdo para que Arranz Acinas Consultores SA organizase misiones comerciales, resolviese dudas y, en definitiva, ayudase a empresarios de Castilla y León a emprender relaciones con Panamá y otros países centroamericanos.
Arranz Acinas Consultores se creó apenas un mes antes de la firma del contrato de prestación de servicios a Ade Internacional Excal. Según datos registrales, su constitución se materializó el 2 de marzo de 2009 en la ciudad de Panamá por parte de Luis Eduardo Céspedes, en calidad de socio de GMS Services (presente en 2.178 empresas) y Lilia Aminta de Salcedo (presente en 994 empresas), en calidad de socia de LJB Services (presente en 2.209 empresas). El objeto de Arranz Acinas Consultores es actividades de inversión y “otros actos de comercio en calidad de principal o en cualquier otro carácter, sea el que fuere”, así como “cualquier otra actividad lícita aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados” en la cláusula.
Su capital social es desconocido, ya que está representado por 500 acciones comunes sin valor nominal. GMS Services y LJB Services tan sólo tienen una acción cada una. La presidenta es Lilia Aminta de Salcedo, el tesorero, Miguel Urriola (presente en otras 1.102 mercantiles) y el secretario, Lísimaco Jacinto López y López (presente en 696 empresas) y vinculado al partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista. Según la escritura, la representación legal quedaba en manos de la presidencia, y en ausencia de esta, el vicepresidente, si lo hubiere, el tesorero o el secretario.
Similitudes con la empresa del hermano del presidente de Castilla y León
Sin embargo, cuando se firma el acuerdo con la Junta, quien actúa como representante legal, sin figurar como cargo en la mercantil panameña, es Jesús Arranz Monje, hijo del constructor burgalés Jesús Arranz Acinas y quien daba nombre a la sociedad. Pero, aunque Arranz Monje no parece tener vínculo societario alguno con AAC, sí que lo tenía con los integrantes de esta. En 2008, Arranz Monje creó la mercantil panameña CYL & Centroamérica Consultores junto a su amigo Francisco Javier Herrera Campo, hermano del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Herrera Campo era quien presidía esta consultora. Los suscriptores eran los mismos que los de AAC: GMS Services y LJB Services, también con una acción cada una de un total de 500, y como representantes de estas figuraban tanto Lilia Aminta de Salcedo como Luis Eduardo Céspedes. Además, esta consultora tenía exactamente el mismo objeto que AAC: “Se dedicará principalmente a las actividades de inversión. Además, podrá ejecutar cualesquier otros actos de comercio en calidad de principal o en cualquier otro carácter, sea el que fuere, y dedicarse a cualquiera otra actividad lícita, aunque no guarde relación con ninguno de los objetos enunciados en esta cláusula», decía el acta notarial de constitución.
A pesar de contar sólo con un mes de existencia, el contrato exponía que Arranz Acinas Consultores (AAC) era una empresa consultora que “posee respecto del mercado centroamericano y panameño, así como también respecto de las empresas y productos de Castilla y León, el conocimiento y la experiencia suficientes como para ofrecer a estas diversas aportaciones que contribuirían a enriquecer, ampliar y fortalecer su presencia en América”.
Además, aparece lo que podría ser una errata. En el punto IV de la exposición, el contrato dice “que por tales motivos y porque dispone de los medios materiales y humanos necesarios para alcanzar los objetivos expuestos, es por lo que CYL –iniciales de la sociedad constituida con el hermano de Herrera, en lugar AAC- ha resultado adjudicataria del presente contrato”.
AAC recibió de la Junta 143.000 euros en 2009, otros 143.000 en 2010, 143.000 en 2011 y 47.000 en 2012, con lo que el montante total ascendió a 476.000 euros en cuatro años.
La Junta de Castilla y León siempre ocultó la existencia de esta sede, hasta tal punto que durante algo más de un año ignoró las preguntas de eldiario.es. En 2012, cuando el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva facilitó al Grupo Parlamentario Socialista la información económica relativa al alquiler de sedes en el exterior, sólo reflejó 15, ignorando Panamá y Miami, dos sedes secretas cuya existencia demostró este diario hace 1 año.
eldiario.es contactó con la empresa Arranz Acinas, quien se comprometió a detallar algunos puntos del contrato con la Junta de Castilla y León, si bien no se llegó a producir una segunda conversación.
La Junta de Castilla y León pagó dos veces por lo mismo al empresario amigo de Aznar que gestionaba su sede comercial en Miami
- José Luis Esteve, que presidía la Cámara de Comercio de España en EEUU, firmó un acuerdo con la oficina de internacionalización de la Junta en enero de 2006
- En octubre del mismo año rubricó otro exactamente igual con la Cámara de Comercio, que le pagaba con una subvención de la Junta para tal fin
- Entre 2006 y 2009 cobró directamente de Excal 2,3 millones de euros y de la Cámara, 600.000
La Junta de Castilla y León pagó dos veces a la misma persona por la gestión de su oficina comercial en Miami. Una oficina que fue secreta hasta que eldiario.es la descubrió hace un año. Lo que se sabía hasta ahora es que, en octubre de 2006, la Cámara de Comercio de Valladolid había firmado un convenio con José Luis Esteve, un empresario amigo del expresidente José María Aznar afincado en Miami, para que hasta 2009, a través de su empresa The Best of Spain, gestionase una serie de acciones promocionales de productos de Castilla y León y cediese una parte de su restaurante como centro de negocios para empresas que lo solicitasen a través de la Cámara.
Cada año, durante cuatro, recibió 150.000 euros por realizar cuatro semanas gastronómicas con un cocinero designado y pagado por la Cámara, cinco presentaciones de vino y promociones de enoturismo cuyos gastos asumía la entidad cameral. Esta obtenía los fondos de la propia Junta, que le concedió una subvención de 200.000 euros anuales para ello. 150.000 euros iban directamente a Esteve.
Esteve recibió así fondos públicos por hacer lo que ya hacía: 10 meses antes de que el empresario firmase con la Cámara de Comercio, había rubricado prácticamente el mismo acuerdo con Excal, la oficina de internacionalización de la Junta. Así figura en nueva documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.
El 20 de enero de 2006, dos de los imputados fundamentales de los casos Perla Negra y Trama Eólica, el entonces consejero delegado de Excal, Alberto Esgueva, a través de su empresa Alberto Esgueva SL y el presidente de Excal, Rafael Delgado, firmaron con José Luis Esteve el contrato que meses después replicaría con la Cámara de Comercio.
“Excal SA ha detectado importantes dificultades en la comercialización de los productos de Castilla y León en el mercado norteamericano”, decía el acuerdo. Para superar “condicionantes de logística y distribución” necesitaban una empresa como The Best of Spain, que contaba según ellos “con las herramientas necesarias para paliar las mencionadas dificultades, dada su condición de importador/distribuidar para el mercado norteamericano y su conocimiento exhaustivo del mismo”. The Best of Spain era una sociedad que Esteve, presidente de la Cámara de España en EEUU, había creado ese mismo mes. El acuerdo contemplaba participar en la feria Mediterranean Experience, creada por el propio Esteve, que se encargaría de contratar un stand de 80 metros cuadrados y personal para el mismo y de promocionar exclusivamente productos de Castilla y León. Por su parte, Excal pagaba 186.900 euros anuales a Esteve, el 50 % a la firma del contrato y el resto pasados seis meses.
Pero no es el único acuerdo. En la misma fecha, Esgueva, Delgado y Esteve firman otro contrato bianual por el que Esteve recibiría 330.000 euros anuales para abrir y mantener una tienda de productos de Castilla y León, con una superficie mínima de 150 metros cuadrados y con decoración aprobada por Excal. Los productos debían ser autorizados por esta última y tenía que haber un mínimo de 100 referencias y un bar de tapas diseñado y decorado también por Excal. Sin embargo, 9 meses después, el 1 de septiembre de 2006, con Esgueva ya fuera de la Junta y como presidente de la Comisión de Comercio Exterior (que en octubre firma con Esteve el mismo contrato para gestionar la oficina y realizar promociones), rescinden el contrato y fijan su fin en enero de 2007. Así, en 2006, Excal pagó por su oficina de Miami un total de 518.000 euros.
Pero la relación contractual no sólo no acabó, sino que mejoró. Desde enero de 2007 y hasta 2009, la cantidad que Excal pagaba aumentó y pasó a 516.900 euros anuales por la cesión de instalaciones más otros 88.000 euros también anuales por la contratación de un cocinero y un comercial. Al año, Esteve recibió 606.907 euros. Todo ello aparece justificado en dos acuerdos firmados el 4 y el 11 de septiembre de 2006 y que se fueron renovando hasta 2009. El montante total de la aventura americana de la Junta de Castilla y León en Miami es de 2,3 millones de euros en cuatro años, sin contar con los 800.000 euros que subvencionó a la Cámara de Comercio de Valladolid para contratar al mismo empresario y por los mismos servicios.
Esta documentación, largamente solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, que tuvo que recurrir en amparo a las Cortes de Castilla y León, confirma la información publicada por este diario y el intento de ocultación de la misma por parte del Gobierno regional, que nunca facilitó datos de una oficina en Miami.