¿Votó el representante del Ayto de La Bañeza en la Asamblea de GERSUL la ampliación del vertedero provincial y los presupuestos?. Muchos de sus miembros no se leyeron ni el convenio ni el presupuesto porque las cuentas no fueron enviadas por correo electrónico a quienes debían votarlas.
Su presupuesto de casi 20 millones de euros es uno de los mayores importes públicos de gasto en la provincia de León, que no se utilizan para reciclar, sino para almacenar (como un vertedero) la basura que producimos los leoneses
En su escasa web (gersul.es) es notoria la falta de información, que incumpliría entre otras normativas la Ley de Buen Gobierno y Transparencia.
La Junta ‘heredará’, a través de la sociedad pública Somacyl, la gestión del nuevo vaso del CTR aunque sin concretar si habrá una gestión directa o indirecta. Y el pago de la dudosa gestión seguirá recayendo en el bolsillo de los leoneses, se haga bien o mal.
La falta de transparencia endémica de Gersul
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Cómo se gestionan esos casi 20 millones de euros, uno de los mayores importes públicos de gasto en la provincia de León, sólo superado por la Diputación, la Universidad y los Ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés, es una práctica de las más oscuras que existen, tanto por su finalidad de pagar la gestión de las basuras como por la práctica de nula transparencia con que se gestiona.
Los 20 millones de euros de Gersul sirven, básicamente, para pagar la gestión del vertedero provincial ubicado en San Román de la Vega, también conocido como Centro de Tratamiento de Residuos. La gestión recae desde el año 2004 en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII, ‘a pachas’ entre filiales de las constructoras FCC y ACS. Y ellos son quienes se llevan la mayor parte de esos 20 millones por gestionar la basura que producimos los leoneses. Una gestión que lleva años siendo polémica por las acusaciones de falta de rigor en el reciclaje, por la rebaja sustancial de la vida útil del vertedero o, la última, por la presunta presencia de residuos no aptos para el CTR.
Si la ampliación del vertedero provincial se firmaba este mismo mes de junio entre la Junta y el consorcio que lidera la Diputación -sin que muchos de sus miembros se leyeran el convenio que lo soporta- lo cierto es que con el presupuesto de Gersul pasó exactamente lo mismo en el mes de mayo. La asamblea de Gersul que aprobó sus presupuestos de forma inicial fue objeto de críticas porque las cuentas no fueron enviadas por correo electrónico a quienes debían votarlas, que tenían que desplazarse a las oficinas de Gersul en León para consultarlas, y en caso de hacerlo sin poder fotografiarlas ni obtener copia y con apenas 48 horas para su consulta.
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A esta escasa transparencia, que fue protestada en aquella asamblea provocando varias abstenciones, sucedió una generalista información facilitada, a viva voz, por los funcionarios del consorcio, aunque eso no impidió su aprobación para la mayoría de miembros de la asamblea, representantes en su mayoría de ayuntamientos gobernados por el PP. Ante las protestas de algunos alcaldes de no haber podido revisar la propuesta de cuentas la explicación fue que la documentación era muy técnica y voluminosa para haberla enviado por correo electrónico, ante el estupor de algunos regidores que optaron por abstenerse para no aprobar algo que no conocían en detalle.
Gersul es la entidad que gestiona los residuos generados urbanos generados en la provincia. La preside la Diputación.
Según los presupuestos de Gersul el ente cuenta con siete funcionarios y seis trabajadores laborales con un coste de 341.357,23 euros en el presente ejercicio. Su gerente, Secundino Prieto, es próximo a IU mientras que otros trabajadores están vinculados mediante afiliación a PSOE y PP. Y eso sin contar con los trabajadores directos de la UTE Legio VII, varios de ellos también con conocidas vinculaciones políticas. De hecho, uno de las últimas maniobras en Gersul de la fallecida Isabel Carrasco acabó costando al erario público 223.000 euros al ‘colocar’ de forma ilegal al secretario-interventor y la tesorera. Esta última era la miembro del PP y funcionaria de la Diputación del sector ‘Carrasquista’ Isabel Fernández. El actual secretario de Gersul es Vicente González Iglesias, muy próximo al ex diputado provincial Jaime González y que ejerce también en Bembibre este puesto, compatibilizando ambos en la actualidad.
La falta de transparencia de Gersul es una denuncia endémica en las actuaciones de este consorcio público. En su escasa web (gersul.es) es notoria la falta de información, que incumpliría entre otras normativas la Ley de Buen Gobierno y Transparencia. Para encontrar sus presupuestos hay que acudir específicamente al BOP y los únicos enlaces son a su principal fuente de financiación, la tasa que aplica desde 2005 a los ciudadanos de León «para mantener el sistema provincial de gestión de los residuos de origen domiciliario».
Este sábado una protesta de la Plataforma por una Gestión de Residuos Transparente y Sostenible pidió que la anunciada ampliación del vertedero provincial se haga con garantías. De momento el convenio que lo sustenta se aprobó por la asamble de Gersul sin que prácticamente nadie se lo leyera, y sin responder a las alegaciones ciudadanas a la ampliación.
La Junta ‘heredará’, a través de la sociedad pública Somacyl, la gestión del nuevo vaso del CTR aunque sin concretar si habrá una gestión directa o indirecta. Y el pago de la dudosa gestión seguirá recayendo en el bolsillo de los leoneses, se haga bien o mal.
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La Plataforma exige una investigación sobre posibles vertidos sanitarios en el CTR
El colectivo realiza duras críticas al gerente del consorcio de basuras Gersul por admitir y luego negar residuos del Hospital en la planta de San Román de la Vega y solicita que se depuren las responsabilidades políticas.
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La Asociación Plataforma Gestión Residuos de León exige que las administraciones competentes abran de manera inmediata una «investigación rigurosa» sobre «la agestión de los residuos sanitarios del Hospital de León» para determinar si éstos han podido estar siendo depositados en el vaso de rechazos del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial ubicado en San Román de la Vega, algo que tanto el consorcio provincial Gersul como su propio gerente, Secundino Prieto, y la empresa que gestiona todo el sistema provincial han negado de manera tajante.
Sin embargo, para la Plataforma, «el comunicado emitido recientemente por Gersul es falaz e incierto, sirviendo a los intereses del gobierno autonómico, responsable último de la pésima y corrupta gestión de los residuos».
En una nota de prensa, esta asociación ataca con dureza la postura de Secundino Prieto, a quien acusan ahora de «plegarse a los intereses políticos y las empresas concesionarias, al desdecirse de la presunta existencia de una determinada entrada de residuos sanitarios procedentes del Hospital de León que él mismo reconoció en una conversación mantenida a las puertas del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León, el día 7 de julio de 2016, con varios miembros de esta plataforma, tras la celebración de la Asamblea extraordinaria de Gersul».
Según su versión directa, Prieto «llegó a afirmar que él mismo había paralizado la entrada de camiones procedentes del Hospital de León, llegando incluso a llamar a un notario para que dejara constancia de la situación, teniendo que reanudar la entrada de camiones días después contra su voluntad, ante las presiones recibidas». «Esta fue la realidad de la información que nos transmitió y que hicimos llegar a la sociedad leonesa en la charla informativa que celebramos el día 9 de agosto en Estébanez de la Calzada».
Y tras esas evidencias, llegó la denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil por parte de Ecologistas en Acción, que la Plataforma espera «que desemboque en el correspondiente procedimiento judicial en el que ya anunciamos la disposición de los miembros de la plataforma, colaborando en todo lo necesario para aclarar la realidad de los graves hechos denunciados».
A su juicio, hay pruebas de que «Gersul miente, engaña y gestiona pésimamente los residuos de la provincia, por lo que esta plataforma no está dispuesta a permitirlo. Por eso exigimos transparencia y una auditoría de la gestión de los residuos, así como una investigación judicial rigurosa, que aclare lo sucedido con la gestión de los residuos sanitarios del Hospital de León y la posible entrada de alguna parte de los mismos al CTR de San Román de forma ilegal».
Al hilo de esa investigación, por último, sopesarán reclamar «otro modelo de gestión de residuos, y para conseguirlo es necesaria una depuración de responsabilidades políticas de los verdaderos causantes de la desastrosa situación en la que nos encontramos».
Secundino Prieto ya fue salpicado al conocerse detalles de las investigaciones policiales y el sumario judicial que instruye la Audiencia Nacional a raíz de la Operación Púnica contra la presunta trama de corrupción a nivel nacional, que también salpicó a León y que mantiene imputados al ex presidente y actual alcalde de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, y al que entonces fuera interventor provincial, Jesús ‘Suso’ López. Prieto fue interrogado por unos pagos que Gersul hizo a la empresa del conseguidor Alejandro de Pedro Llorca a cambio de insertar publicidad, como siempre sin contrato público alguno, en la red de diarios zombies de su trama editorial.
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