Dos decisiones judiciales en un mismo día.
Hoy se ha conocido que el juez que investiga el caso Dina ha considerado no imputar a Pablo Iglesias.
Supone con esta última una segunda «noticia judicial» que frena, de alguna manera, el acoso que está sufriendo la formación morada en los tribunales.
La titular del juzgado 45 de los de Madrid cierra así una de las tres piezas que salieron del caso Neurona, estando aún abiertas la relativa a las donaciones destinadas al Instituto 25M, y el caso sobre el supuesto uso del servicio de una asesora personal de la ministra Irene Montero para cuidar de su hija menor.
Las costas proceden de una denuncia de UPN
Las costas procesales provienen de una denuncia que había interpuesto Unidad del Pueblo Navarro, considerando que se habían hecho unas acusaciones falsas contra ellos por parte de Pablo Iglesias. Sin embargo, este asunto fue también desestimado y las causas procesales se han considerado por parte de la justicia como obligación para la parte denunciante, o sea, UPN.
No hay indicios delictivos.
El Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid ha decidido archivar la investigación sobre el supuesto cobro por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de las costas procesales en casos donde era el partido quien pagaba a abogados y procuradores, al considerar que no hay indicios delictivos.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, la jueza Luisa María Prieto aceptó la causa, que le venía derivada del caso Neurona, y, tras un primer análisis, ha ordenado el sobreseimiento provisional al no ver delito, algo en lo que coincide la Fiscalía de Madrid, de acuerdo con las mismas fuentes.
Neurona’, la matriz judicial
El origen de las tres causas es el caso Neurona, donde el Juzgado de Instrucción 42 investiga la presunta financiación ilegal de Podemos con la lupa puesta en el contrato de 363.000 euros que el partido firmó con la consultora política Neurona Comunidad para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
En la denuncia original presentada en diciembre de 2019 por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, el juez ha cerrado las investigaciones relativas a los contratos electorales con ABD, las obras de la nueva sede del partido y el supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada Marta Flor.
Escalonilla también cerró la investigación sobre las donaciones de la Caja de Solidaridad y los presuntos sobresueldos pero ha reabierto ambas pesquisas, la primera por orden de la Audiencia Provincial tras un recurso de Vox y Pro Lege y, la segunda, enmendándose a sí mismo a petición de Vox.
