Las familias, a través del trabajo y el consumo son quienes soportan con gran diferencia el esfuerzo de la financiación de las políticas públicas frente a las sociedades y grandes fortunas.
La crisis de desigualdad se ha cebado especialmente con España.
- Nuestro país se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta desde 2008, 20 veces más que el promedio europeo
- La reactivación de la economía en estos últimos tres años no se está traduciendo en un acortamiento de la brecha de desigualdad.
- Desde 2014 crece el PIB en nuestro país, pero los resultados de este repunte económico solo parecen beneficiar a una minoría más favorecida mientras que la desigualdad se cronifica e intensifica.
- La situación actual de las familias y las personas más golpeadas por la crisis contradice el optimismo en torno a los principales datos macroeconómicos.
La paradoja de los paraísos fiscales en España
Los datos de la vergüenza:
- La inversión española hacia paraísos fiscales se ha multiplicado por 4 en el último año.
- 1 de cada 4 euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal.
- La inversión española que se dirige hacia paraísos fiscales es un 27% superior a la que se destina a Latinoamérica.
- Más de la mitad (54%) de la inversión extranjera que entra en España proviene de un paraíso fiscal.
Las prácticas de elusión fiscal de las grandes empresas aumentan la brecha de desigualdad entre ricos y pobres, tanto en países en desarrollo como en los desarrollados. Las prácticas de elusión fiscal suponen inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas públicas que permitan el desarrollo de millones de personas. Los paraísos fiscales son sin lugar a dudas los agujeros negros de todas esas posibilidades de desarrollo.
La Comisión Europea insiste en que nuestro país no ha superado aún el “legado” de la crisis y que persiste una brecha de desigualdad fruto principalmente de un mercado laboral aún desajustado, brechas tributarias que mantienen la preocupación por el déficit fiscal y la debilidad en políticas de inversión social que entorpecen la reducción de la pobreza.
Ha sido especialmente paradigmática la decisión del Tribunal Constitucional en junio de este año de declarar de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno en 2012. La sentencia denuncia que la amnistía representa una “abdicación del Estado ante su deber de sostener el gasto público y hacer efectivo el deber de todos de pagar impuestos”.
En la práctica, la amnistía permitió en su día una regularización de capitales no declarados a un tipo efectivo del 3%, sin recargos, intereses de demora o penalizaciones. Un tratamiento discriminatorio frente al resto de la ciudadanía con un resultado perverso en términos de confianza ciudadana y mínimo en cuanto a recaudación (1.200 millones de euros en lugar de los 2.500 millones que estimaba el Gobierno).
Definición de paraíso fiscal
Los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente marcos fiscales y legales que permiten a los no residentes (personas físicas o jurídicas) reducir al mínimo el importe de impuestos que deben pagar donde realizan una actividad económica sustancial.
Ley contra la evasión fiscal
Para ello, Oxfam Intermón pide al Gobierno, al Parlamento y a las Administraciones públicas estatal, autonómicas y locales, de forma urgente que defina y apruebe una Ley contra la evasión fiscal. Esta Ley debe priorizar las medidas y aportar los recursos necesarios para poner fin a la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. Hay que combatir la opacidad de los sistemas fiscales y la impunidad de los grandes evasores, tanto en el ámbito doméstico como en el internacional. Además, se debe comprometer con un marco legislativo de mayor transparencia y una cooperación fiscal efectiva entre administraciones tributarias.
La ley ha de tener los siguientes objetivos:
- Reducir a la mitad el nivel de evasión y elusión fiscal de manera general y en particular de las grandes empresas en el plazo de 5 años.
- Erradicar el uso abusivo de paraísos fiscales
- Lograr que se eleve el tipo efectivo de las grandes empresas hasta acercarlo al tipo nominal en vigor y superar la presión fiscal efectiva soportada por las pymes.
- Lograr que las grandes empresas paguen la parte justa de lo que les corresponde por sus operaciones tanto en España como en el exterior, especialmente en los países en desarrollo en los que operan.
Informe El dinero que no ves
La crisis y las reformas que han venido asociadas a este periodo han hecho que las familias, a través del trabajo y el consumo sean quienes soportan con gran diferencia el esfuerzo de la financiación de las políticas públicas frente a las sociedades y grandes fortunas.
Hay una evidencia clara y es que la recaudación real del impuesto de sociedades pierde peso en la recaudación total de España haciendo que
la carga tributaria recaiga cada vez más sobre los impuestos que gravan el trabajo y el consumo, actividades que desarrollan las personas. La contribución por el impuesto sociedades ha pasado del 22% al 12% del total de la recaudación en los 10 años de la crisis al 2007 al 2016,
asumiendo las familias el esfuerzo suplementario.
El crecimiento de esta actividad coincide con la dificultad de decenas de Estados de todo el mundo, entre ellos España, para ajustar sus deficitarios presupuestos nacionales a través de programas de austeridad basados en recortes de partidas como la educación, la sanidad y otros servicios públicos. Para Oxfam, los paraísos fiscales contribuyen al aumento de la desigualdad “ya que suponen una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo”, aumentando la presión fiscal del Estado sobre las familias, el trabajo y el consumo.
El creciente éxito financiero de estos países y territorios opacos llega en un momento en que las grandes multinacionales han visto un considerable aumento en sus beneficios que “no se ha visto reflejado en su contribución tributaria”, según el informe de Oxfam. Entre 2007 y 2014 los beneficios de estas corporaciones se multiplicaron por tres, pero su contribución a la Hacienda pública de los países de la OCDE (agrupa a 35 países, entre ellos España) cayó y pasó de representar el 3,6% al 2,8% del PIB de esas naciones. “Esta caída en la recaudación se debe en gran medida a su juego perverso, que les permite reducir al mínimo su contribución a las arcas públicas, lo que supone inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas públicas (…) y aviva así la actual crisis de desigualdad”, explica José María Vera, director general de Oxfam Intermón.
Según los cálculos de esta organización, las economías en fase de desarrollo pierden cada año 85.000 millones de euros de recaudación que terminan escondidos en paraísos fiscales, una cantidad similar a la que haría falta para escolarizar a 124 millones de menores o para establecer servicios sanitarios que salvarían hasta seis millones de vidas. En América Latina, la región más desigual del planeta, gravar los dividendos que las compañías reparten entre sus accionistas permitiría financiar políticas públicas para sacar de la pobreza a 32 millones de personas, según los cálculos de Oxfam. La movilización ciudadana es imprescindible para poner fin a las prácticas de ingeniería fiscal de las grandes empresas y forzar una reforma en profundidad del sistema fiscal internacional, sostiene esta organización independiente a través de la campaña El dinero que no ves.
Coladero fiscal en España
“En España tenemos una brecha de recaudación de seis puntos frente a los países de la zona euro”, sostiene el director de Oxfam, quien además pide la creación urgente de una ley española de evasión fiscal. Entre 2015 y 2016 la inversión procedente de España en paraísos fiscales se cuadruplicó. La organización advierte que la evasión fiscal en España ya acumula una pérdida de 23.000 millones de euros para las arcas españolas desde 2007, casi el doble del dinero que haría falta para pagar la renta mínima a todas las familias sin ingresos en España (12.000 millones). “No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas (…) eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad”, explica Vera. España es el país de la Unión Europea donde más aumentó la desigualdad en los últimos años, solo por detrás de Chipre.
Oxfam identifica varios problemas sobre la evasión fiscal en España y señala varias medidas para ponerle fin y acabar con la impunidad, como crear una ley de evasión fiscal, adoptar una definición clara y vinculante sobre paraísos fiscales, descartar de los concursos públicos a las empresas con actividad en territorios offshore, y equiparar los impuestos que pagan las grandes compañías, que actualmente tienen una presión fiscal muy por debajo de la que afrontan pequeñas y medianas empresas.
El 47% del dinero que grandes corporaciones y fortunas esconden en paraísos fiscales pasa antes por cinco democracias ‘desarrolladas’, de las cuales cuatro son países europeos. España es uno de los países de Europa que más recortó su presupuesto público desde el estallido de la crisis pero la lucha contra la evasión fiscal sigue siendo una tarea pendiente, según denuncian Oxfam e incluso los técnicos del Ministerio de Hacienda. En 2016 las empresas del Ibex 35 tenían 891 filiales en territorios offshore, mientras que la impunidad de los delitos financieros contribuye a que bancos como el UBS, salpicados por grandes escándalos fiscales, planteen trasladar su sede a España.
