¿Un Gobierno a cambio de olvidar la corrupción?

Fernando Jiménez Sánchez. Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia

¿Cómo es posible que un partido afectado por innumerables casos de corrupción que han afectado no solo a un gran número de sus dirigentes más destacados, sino a sus propias fuentes de financiación, no haya sido castigado con la suficiente contundencia por los votantes hasta dejarlo fuera de toda probabilidad de entrar nuevamente en el Gobierno? No solo eso, sino que fue el único partido que mejoró sus resultados en votos y en escaños el pasado 26 de junio. Como me comentaba en tono jocoso un buen amigo, “el PP se ha quedado a un escándalo de la mayoría absoluta”.

Razones para la esperanza

Entiendo perfectamente cómo pueden sentirse quienes así se manifiestan. Sin embargo, creo también que hay buenas razones para no caer en una posición tan pesimista. Las actitudes de los españoles ante la corrupción han cambiado tanto en estos últimos años que dudo mucho de que haya ya espacio para el olvido o la tolerancia hacia la misma. En otras palabras, incluso un nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy tendrá que tomarse la lucha contra la corrupción dentro y fuera de su partido mucho más en serio de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y esto, como decía, por varias razones.

La primera es que, evidentemente, un PP sin mayoría absoluta necesita el apoyo de otros partidos para sacar adelante las decisiones clave de su futuro nuevo gobierno. Como ya hemos visto con las condiciones que ha puesto Ciudadanos para poder iniciar una negociación con los populares, las medidas anticorrupción van a tener un protagonismo destacado en este tipo de acuerdos. Ningún partido querrá que la sombra de la corrupción que afecta al PP se extienda sobre él como consecuencia de los pactos a que puedan llegar.

Cambio de actitud

Pero la razón principal tiene que ver con el cambio de las actitudes de los españoles hacia la corrupción. No creo que mi amigo tenga razón al señalar que la corrupción beneficia electoralmente al PP. Si el PP mejoró sus resultados el 26J, esto se debe a otro tipo de factores como el descrédito que se ha ido ganando a pulso su principal adversario, el PSOE, desde la etapa de Zapatero y la fragmentación subsecuente del electorado progresista, o la ansiedad con la que algunos votantes vivieron la incapacidad para la formación de un gobierno tras el 20-D que les hizo preferir una opción de mayor estabilidad aunque fuera a expensas de opciones de cambio más claras.

Se equivoca mi amigo y se equivocarían los líderes del PP sin pensaran que a los españoles ya se nos ha pasado la preocupación por la corrupción. Esto no es cierto como demuestran mes a mes los barómetros del CIS en los que la corrupción sigue siendo el segundo gran problema público de los españoles tras el desempleo. Así lo vienen diciendo desde hace ya más de tres años más de un 40% de los encuestados.

Pequeños progresos

Por tanto, en un contexto como éste, creo que podemos esperar algunos progresos en la lucha contra la corrupción incluso de un Gobierno presidido por Rajoy. La confianza de los españoles en la política y en los políticos sigue estando bajo mínimos y esto es algo que no se puede aguantar durante mucho tiempo.

De acuerdo con el último Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional realizado en diciembre de 2015, el 66% de los españoles piensa que la corrupción es uno de los principales problemas que el Gobierno debería afrontar, un porcentaje que solo es superado por el desempleo (86%) y que se sitúa por encima del alcanzado por otros problemas como la educación (56%), la sanidad (35%), la seguridad y el terrorismo (20%), o la inmigración y la crisis de los refugiados (11%). Y, según esa misma encuesta, el 80% de los españoles cree que el Gobierno está gestionando muy o bastante mal la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que un 47% cree que la corrupción ha empeorado durante el último año en el país.

En estas condiciones no extraña que haya cada vez más voces, dentro también del PP, que exijan una estrategia más decidida de combate a la corrupción para recuperar la confianza de los españoles en las instituciones públicas. Sería, por tanto, suicida seguir empeñados en negar la decisiva relevancia que debe tener el control de la corrupción en nuestra esfera política. Incluso para un Gobierno nuevamente presidido por Rajoy.

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