Pedimos en el Pleno la constitución de la preceptiva “comisión de estudio” que redactara, tal como marca el artículo 97 del RD 781/86, una “memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad de la prestación de este servicio” que contemplara los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la actividad del cine. Es requisito indispensable la creación de una comisión de estudio de carácter mixto (composición técnica y política) y aprobada por acuerdo del Pleno, tal y como aparece regulado en el Texto Refundido del Régimen Local.
El alcalde ha presentado sin embargo un “estudio aproximado”, que ante los errores que le indicamos desde la oposición tuvo que corregir el mismo día del Pleno, faltaban por contabilizar 8.000 € de ingresos. Pese a las rectificaciones hechas a última hora, dicho estudio sigue teniendo lagunas ya que no se computan los gastos de luz y calefacción, no se indica si existe seguro de responsabilidad civil y los gastos de exhibición de películas no se sabe si son los correctos.
Con dicho estudio “aproximado” se supone que la actividad va a tener unos ingresos de 70.288 € y va a generar unos gastos de 72.277 €, lo que supondrá, teóricamente, un déficit para el Ayuntamiento, para todos nosotros, de 2.049 €. Déficit que se convertiría en superávit si es el Ayuntamiento el que explota este servicio mediante gestión directa y se queda con los beneficios de la explotación que suponen 8.315 €. Con una sencilla resta se comprueba.
Sin embargo la intención del PSOE es privatizar este servicio y así lo propusieron en el Pleno, ante lo que nos opusimos. Es una decisión política que va en contra de su propio estudio. Un servicio municipal que podría generar beneficios si fuera de gestión directa, se va a convertir en deficitario al privatizarlo. No quieren hablar de privatización y le llaman “gestión indirecta mediante concesión”. No me llame Paco, llámeme Francisco.
No entendemos que se quiera adjudicar a un particular que se va a llevar los beneficios (8.315 €) de la explotación, cuando el Ayuntamiento, es decir la ciudadanía, va a poner el edificio, la infraestructura, la luz, la calefacción, la limpieza… y encima dinero. Esperemos, como mal menor, que el procedimiento de contratación y adjudicación sea público y abierto y no mediante procedimiento negociado sin publicidad como está haciendo últimamente el equipo de gobierno.