- La Mesa del Congreso ha aceptado, con el apoyo de PP y Ciudadanos, los argumentos del Gobierno, por lo que la tramitación de la iniciativa queda paralizada.
- El Gobierno estima que generalizar la escuela pública supondría un coste superior a 40.000 millones de euros
Europa Press
En la Proposición de Ley del Unidos Podemos se indica que no supone aumento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios, ni condiciona al Gobierno en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo el Ejecutivo del PP señala que la tramitación de la propuesta no cuenta con su conformidad alegando una vez más, frente a las múltiples propuestas e iniciativas que se han presentado en esta legislatura, que hay vulneración del principio de estabilidad presupuestaria por lo que no da paso a su tramitación.
El Gobierno dice que traspasar todos los centros y alumnos de la red de colegios concertados y privados a la escuela pública supondría un gasto superior a 40.000 millones de euros.
Así lo pone de manifiesto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en su veto a la Proposición de Ley Orgánica de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para la regulación del proceso de integración voluntario de determinados centros educativos privados en la red pública de centros educativos. El Gobierno hace un cálculo de la integración de todos los centros y hace caso omiso en sus cálculos que los centros se adherirían voluntariamente a la propuesta.
Publica-Privada
Concretamente, el Ejecutivo calcula un coste de más de 33.146 millones de euros en la construcción y equipamiento de centros educativos públicos -que podría ser menor si los centros afectados facilitan sus instalaciones- y un incremento anual estimado de gasto de 7.551 millones de euros consecuencia del traspaso de los alumnos de la enseñanza privada a la pública.
Error en los cálculos
El PP parte de un error, afirma que tendría que hacerse cargo del coste total de la propuesta, que cifran en 40.000 millones de euros y que el Ministerio no dispone de crédito para afrontar tal incremento de gasto.
El ministerio solamente tendría un coste directo para su departamento de la aplicación de esta medida en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas sobre la que tiene competencia directa, en el resto del territorio español serían las Comunidades Autónomas las que asumirían ese hipotético e injustificado coste.
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