Aprobación de la ley trans y para los derechos LGTBI. Acuerdo para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones y revalorizarlas al IPC. Aumento en más de un 100% de la aportación estatal al Programa Concertado de Servicios Sociales. Nuevo aumento en 128 millones de euros de la inversión para becas universitarias.
- Es posible reformar sin recortar. Se ha alcanzado un acuerdo de pensiones que deroga la reforma del Partido Popular de 2013 y restituye derechos fundamentales: las pensiones crecerán por ley con el IPC y se elimina el factor de sostenibilidad
La aprobación de esta batería de medidas se trata de “un ejemplo de trabajo apasionado por la igualdad social y de derechos en nuestro país”. El trabajo desarrollado por Unidas Podemos dentro del Gobierno de Coalición, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Ionne Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030; Irene Montero, ministra de Igualdad; ; Manuel Castells, ministro de Universidades; y Alberto Garzón, ministro de Consumo, han conseguido en pocos meses y con una pandemia de por medio lo que hace unos años algunos repetían cual mantra que era imposible”.
Además de la importancia de la aprobación de la ley trans y de derechos LGTBI, que posiciona a España “a la vanguardia en la regulación de derechos básicos para un colectivo especialmente vulnerable y maltratado durante siglos”, hay que valorar el principio de acuerdo con respecto a la reforma del sistema de pensiones que “recoge por fin la reivindicación histórica de que se revaloricen con el IPC para garantizar que las personas pensionistas no pierdan poder adquisitivo”. Hemos alcanzado un acuerdo para derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones y revalorizarlas al IPC. Un acuerdo fruto de la movilización de los y las pensionistas que han sido fundamentales para conseguirlo. Hay que seguir trabajando para mejorar la vida de los mayores.
Y por supuesto otras dos medidas aprobadas con respecto a la ampliación del Programa Concertado de Servicios Sociales y el nuevo plan de becas universitarias.
Estas medidas suponen una inversión social histórica, sin precedentes en la historia de nuestro país. Supondrán un aumento de millones de euros para políticas sociales, para el Plan Concertado, para la protección a la familia y atención a la pobreza infantil o para el sistema de becas de comedor para menores en riesgo de exclusión social.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 encabezado por Ione Belarra “ha duplicado la aportación del estado al principal programa de ayuda social”, y “revierte en un solo año todos los recortes del Partido Popular durante una década”.
Propuestas que llegan en silencio con #Podemos en el Gobierno.
Se aprueba la reversión de los recortes del PP en servicios sociales. Estás son las políticas que llegan al día a día de las personas, que mejoran la vida cotidiana, que impulsan a nuestro país. Seguimos #SiSePuede
- El Gobierno duplica con 100 millones los fondos para reforzar los servicios sociales municipales
El Consejo de Ministros aprueba el reparto entre comunidades del Plan Concertado de Servicios Sociales, destinado a mantener la red de servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos y con una dotación récord en 20 años, después de los duros recortes de la crisis de la pasada década
Un salvavidas de los servicios sociales municipales que alcanza este año una cifra récord: 98,9 millones de euros. Una cantidad récord en las dos décadas de existencia de este mecanismo de financiación de los ayuntamientos y de las prestaciones básicas para los ciudadanos que cubren, desde la la orientación y la formación; la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia; o el alojamiento alternativo y la prevención e inserción social. La cantidad supone más que duplicar lo consignado para el mismo fin en 2020 (con 40 millones) y vuelve a la senda de los años anteriores a la crisis de hace una década, cuando los recortes devolvieron el fondo a niveles de los años 80.
El Consejo de Ministros aprueba este martes la dotación y reparto del Plan Concertado de Servicios Sociales. Un salvavidas de los servicios sociales municipales que alcanza este año una cifra récord: 98,9 millones de euros. Una cantidad récord en las dos décadas de existencia de este mecanismo de financiación de los ayuntamientos y de las prestaciones básicas para los ciudadanos que cubren, desde la la orientación y la formación; la ayuda a domicilio y el apoyo a la unidad de convivencia; o el alojamiento alternativo y la prevención e inserción social. La cantidad supone más que duplicar lo consignado para el mismo fin en 2020 (con 40 millones) y vuelve a la senda de los años anteriores a la crisis de hace una década, cuando los recortes devolvieron el fondo a niveles de los años 80.
El Gobierno autorizará así al Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra a repartir esos 100 millones entre las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) en función de criterios como la población, que supone el 90,0% del total; la superficie (5%), la población dependiente (2,3%), la dispersión (1,5%) las grandes urbes (0,7%) o la insularidad (0,5%). El Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, que da cabida a todos los gobiernos autonómicos, debe dar su visto bueno definitivo a este reparto.
Andalucía, Catalunya y Madrid serán las regiones que más fondos reciban: 17,8, 15,9, y 13,6 millones, respectivamente. La Comunidad Valenciana, con 10,4 millones; Galicia, con 6,5; Castilla y León (5,9) y Castilla-La Mancha (5) les siguen en los primeros puestos de la lista que se reparten la mayoría del dinero.
El Ministerio de Ione Belarra ha planteado además a las comunidades autónomas la inclusión de una cláusula que obligue a que al menos el 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a reforzar el personal de los servicios sociales, cuando esta plantilla todavía se está recuperando del shock producido por el duro impacto de la pandemia.
El Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos mantiene así la tendencia de revertir los recortes en derechos sociales puestos en marcha por el PP. El Ejecutivo ya aumentó un 60% los fondos para la protección a la familia y contra la pobreza infantil, por ejemplo.
Pero el grueso de la inversión en los próximos años se lo llevará el sistema de dependencia, herido de muerte durante los gobiernos de Rajoy y que en los próximos años verá cómo se insuflan hasta 6.000 millones de euros. Los primeros 600 ya figuraban en el Presupuesto de 2021 y su reparto fue aprobado por el Consejo de Ministros en una de las últimas actuaciones de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo.