El Gobierno ha presentado los PGE del año 2018 en el Congreso con medio año de retraso y sin haber negociado los apoyos suficientes para aprobarlos: una muestra de su debilidad, de su falta de liderazgo e iniciativa.
El contenido del proyecto aprobado por el Partido Popular y respaldado por Ciudadanos confirma, además, la ausencia de cualquier proyecto de futuro. Los presupuestos suponen la continuidad del modelo de política económica de estos años y una nueva oportunidad perdida para aprovechar el crecimiento a favor de los cambios que necesita España.
El crecimiento económico no está generando progreso social: no mejora la situación de la mayoría, y la elevada desigualdad se ha instalado como una «característica estructural» de nuestra sociedad.
Unos presupuestos alternativos deben ponerse al servicio de una nueva política económica y social para permitir que la «salida de la crisis» sea una realidad para todos y todas. Para ello hace falta revertir los recortes en educación, sanidad y dependencia. Sin embargo, los PGE presentados por el Gobierno suponen la consolidación de los recortes de los años anteriores.
Las políticas del Partido Popular no han favorecido el necesario cambio en la forma en que España crece, y estos PGE tampoco lo lograrán. No contienen medidas para garantizar la sostenibilidad ni la transición energética; recortan las partidas de lucha contra el cambio climático y no recuperan la inversión pública; tampoco contemplan partidas para impulsar un proceso de digitalización que se ponga al servicio de la mayoría o para impulsar la igualdad de género.
¿Qué proponemos?
Nuestra propuesta prioriza la reversión de los recortes en servicios públicos fundamentales, la reducción de las desigualdades y políticas activas para una verdadera transformación de nuestro crecimiento.
1. Un crecimiento inclusivo que asegure el progreso social
- Puesta en marcha de un verdadero Programa de Renta Garantizada para aquellos hogares que carecen de recursos suficientes.
- Eliminación del Índice de Revalorización de las Pensiones (0,25 %) para asegurar que todas se actualicen, cada año, al menos lo mismo que el IPC. No eliminar este índice de revalorización supondrá una pérdida del valor real de las pensiones cercana al 30 % en los próximos años.
- Aumento de las pensiones mínimas y las no contributivas.
- Financiación de la Ley de Dependencia para garantizar un nivel de protección mínimo que ponga fin al «limbo de la dependencia» (más de 300.000 personas que tienen reconocido el derecho, pero que no reciben ayuda).
- Plan de Empleo para la Juventud que facilite la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo e impulse el retorno de los emigrados.
- Gratuidad del material escolar para garantizar la igualdad de oportunidades escolares en los tramos de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
- Plan de Alquiler de Viviendas a Precios Sociales.
- Plan de choque para acabar con el empleo precario en las Administraciones Públicas y oferta de empleo público extraordinaria con 20.000 nuevas plazas.
2. Un crecimiento morado que acabe con las brechas de género
- Reformar el sistema de permisos por nacimiento o adopción para aumentar el actual permiso de paternidad hasta igualarlo con el de maternidad. Para garantizar la igualdad efectiva de derechos, el permiso debe ser igual para cada persona progenitora, intransferible (como todos los demás derechos laborales y sociales), con una remuneración equivalente al 100 % del salario y con protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.
- Escuelas infantiles de 0 a 3 años gratuitas.
- Plan de Erradicación de las Violencias Machistas: inmediata puesta en marcha de las medidas aprobadas en el dictamen del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.
3. Un crecimiento verde que promueva la transición energética y aborde el reto del cambio climático
- Plan Nacional de Eficiencia Energética (1.300 millones de euros): plan de ayudas a la rehabilitación de viviendas, con especial énfasis en la rehabilitación energética.
- Plan de Movilidad Eléctrica, cuyo fin es sustituir los vehículos de gasolina y diésel por vehículos eléctricos. Para que este proceso favorezca una estrategia de crecimiento más sostenible debe hacerse en combinación con la drástica reducción del peso de la electricidad generada a partir de combustibles fósiles y con una creciente colectivización del transporte, relacionadas con estrategias de desarrollo del transporte público.
4. Gobernar la digitalización a favor de la mayoría
- Impulso (y democratización) de la digitalización de la economía. Incremento de las inversiones en infraestructuras y redes encaminadas a favorecer la digitalización de nuestro tejido productivo. Acompañado de legislación para erradicar las nuevas formas de «precariedad digital».
- Plan de rescate de la ciencia y la I+D+i, con un incremento de la inversión y medidas de estímulo del retorno del talento emigrado
5. ¿Cómo financiar las reformas propuestas? Asegurar un suelo de ingresos para garantizar el Estado de bienestar
Garantizar y fortalecer la capacidad redistributiva de nuestro estado de bienestar y a la vez impulsar la modernización de nuestra estructura productiva solo será posible si se aborda la siempre pospuesta reforma fiscal. Reforzando la progresividad y luchando con más eficacia contra el fraude fiscal será posible elevar significativamente el porcentaje de ingresos sobre el PIB y acercarnos a la media europea (actualmente situada en 8 puntos del PIB). En los PGE de 2018 se deben incluir ya algunas medidas:
- Incremento de la fiscalidad verde para acercarnos a la recaudación europea.
- Recuperación de una tributación de la riqueza: impuesto sobre las grandes fortunas.
- Creación de un recargo de solidaridad sobre los beneficios de la banca y de un impuesto de transacciones financieras.
- Incremento del gravamen sobre las rentas del capital. Eliminación de los beneficios fiscales de carácter más regresivo, como por ejemplo las desgravaciones de los grandes grupos empresariales en el impuesto de sociedades.
- Mayor progresividad en el IVA, bajando el tipo al 4 % los bienes culturales y los de primera necesidad, y al 10 % los suministros básicos.
¿Sabías que…?
- Para el próximo año, el Gobierno prevé que el PIB crecerá en 50.000 millones de euros, pero el «techo de gasto» —el límite de gasto fijado para las Administraciones Públicas— solo aumenta en 1.500 millones de euros, situándose todavía 60.000 millones por debajo de 2010, e incluso inferior al de 2013. El crecimiento no sirve para revertir los recortes.
- Como consecuencia, el peso del gasto público en el PIB volverá a bajar en España, y lo mismo ocurrirá con el gasto en educación y sanidad. Esto nos aleja cada vez más de Europa: dedicaremos a las políticas públicas el 40,5 % del PIB, frente al 47 % de media de la zona euro. La propuesta de política económica del Gobierno sigue erosionando el ya de por sí frágil estado de bienestar de nuestro país.
- A pesar de los anuncios del Gobierno, el gasto social también crecerá muy por debajo de lo que lo hará la economía: 2,8 % frente al 4,3 %.
¿Sabías que…?
- La consolidación de los recortes se debe a la falta de medidas que aumenten la progresividad fiscal (tributación del capital y de la riqueza, eliminación de deducciones en el impuesto de sociedades de las que se benefician las grandes empresas) para resolver el verdadero problema: unos ingresos públicos insuficientes. También aquí nos alejamos de Europa: seguimos estancados en el 38 % del PIB, frente al 46 % de la zona euro.
- Bajar impuestos y reducir el déficit solo puede hacerse consolidando servicios públicos insuficientes para la mayoría.
¿Sabías que…?
- Las inversiones públicas se encuentran ya en su nivel más bajo desde hace 50 años en términos del PIB (1,9 %) y 30.000 millones de euros por debajo de su nivel anterior a la crisis. La mayor parte del aumento previsto para 2018 será inversión militar.
¿Sabías que…?
- Del dicho al hecho hay mucho trecho: el Gobierno presupuesta cifras récord de ingresos públicos, pero en 2017 la recaudación fue 7.000 millones menos que lo presupuestado; el Gobierno solo ejecutó en 2017 un 30 % del gasto presupuestado para I+D+i, o el 66 % de lo presupuestado para dependencia; el Gobierno solo presupuesta el 40 % de lo que comprometió para financiar el pacto contra la violencia machista; el Partido Popular y Ciudadanos incluyen en los PGE de 2018 medidas con mucho menor presupuesto que el que anunciaron cuando pactaron la investidura de Rajoy.