El juez de lo Contencioso Nº3 de León anula la Memoria que impulsó los Parques de Bomberos y la plantilla del «Plan Provincial de Extinción de Incendios«, argumentando que si los bomberos son autoridad han de ser funcionarios públicos.
Un argumento tan categórico como sencillo: que un bombero, con la autoridad y responsabilidad con la que está investido, necesariamente ha de ser un funcionario público.
El Plan Territorial de Protección Civil, PLANCAL, aprobado en enero de 1997 establece que corresponde a las Diputaciones Provinciales la elaboración de los Planes Provinciales de Protección Civil para Municipios de menos de 20.000 habitantes y por tanto tiene la obligación de prestar este servicio a la ciudadanía, un derecho que lleva 23 años de retraso en nuestra provincia.
Ahora el nuevo gobierno de la Diputación tiene la obligación de reordenar el llamado Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento (Sepeis) y cumplir con las indicaciones de la sentencia.
Exigimos a la Diputación Provincial de León que cumpla con sus competencias y ponga en marcha de manera inmediata un Plan de Extinción de Incendios y Emergencias Provincial, con la implantación de diferentes Parques de Bomberos para nuestra provincia, uno de ellos para la zona de La Bañeza-Astorga, dotado por profesionales del sector público y asegurando un tiempo de respuesta que sea garantía de seguridad.
Argumentos moción Podemos presentada en el Pleno de La Bañeza y en las alegaciones a la Diputación
PODEMOS rechazó la gestión privada que suponía el plan provincial de bomberos de la Diputación de León, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Sepeis, cuya memoria fue aprobada, con el apoyo del entonces Consejero de Fomento Antonio Silván, en Pleno en julio de 2017 con los votos del Partido Popular, Ciudadanos, Coalición por el Bierzo (CB) y Unión del Pueblo Leonés (UPL), la abstención del grupo socialista y el voto en contra de Coalición en Común (CEC).
